Necesitamos un cambio urgente

Resulta difícil efectuar un análisis de nuestra realidad haciendo compatibles los aspectos políticos y jurídicos que involucran ciertos acontecimientos de relevancia, sobre todo, porque la repercusión mediática de ellos determina la formación de una opinión generalizada sobre el acierto o desacierto de sus protagonistas.-

Constantemente se acumulan hechos de este tipo, en los cuales es posible comprobar el modo en que las informaciones periodísticas predisponen a la sociedad a aprobar o desaprobar las conductas protagonizadas por determinados personajes, reproduciéndose el escenario del Circo Romano, en el que la suerte o desgracia de los gladiadores era determinada por la voluntad del Emperador, y esta a su vez, a estrechamente vinculada a la cantidad de dedos pulgares orientados hacia arriba o hacia abajo.-

Del mismo modo, cuando nos ponemos a analizar los hechos que vienen desarrollándose en nuestro pais, podemos percibir una conducta social similar a la observada en el Coliseo, hace cerca de dos mil años. La suerte o desgracia de determinados personajes, no se determina conforme las reglas del derecho, sino por la voluntad de los altos funcionarios del Estado, estrechamente vinculada a la “cantidad de pulgares” que apuntan hacia arriba, o abajo.-

La lógica de este tipo de conductas se funda en la búsqueda de la aprobación de sus gestiones, y un marcado desprecio a las reglas impuestas por el Estado de Derecho. La expresión del expresidente uruguayo que sostenía la preminencia de lo político sobre lo jurídico, puede brindarnos una explicación sobre lo que ocurre casi cotidianamente en nuestro país, y puede describir con crudeza el modo en que se deteriora la vigencia del Estado de Derecho, en el cual, tanto gobernantes como gobernados, deben someterse – por igual – a los mandatos de la ley.-

Que los funcionarios que ocupan cargos de elección popular se empeñen en hacer lo “políticamente correcto”, sin detenerse a considerar si con ello se conduce conforme los mandatos de la ley, se podría decir, es explicable, cuando su permanencia en el cargo o su reelección depende de la aprobación o desaprobación pública de sus gestiones.-

Pero, cuando son las autoridades judiciales quienes optan por hacer lo “políticamente correcto”, el hecho te torna definitivamente grave porque pone en entredicho la vigencia de las leyes.-

No se trata solo de criticar actitudes populistas destinadas a satisfacer los requerimientos de los flashes, ganándose el aplauso de la prensa, a pesar de que nos resulta difícil de entender, de otro modo, la imagen del Fiscal General del Estado encabezando una comitiva que viajó al Brasil, para asistir a la entrega del extraditado “Neneco” Acosta Marquez, ya que conforme los tratados de extradición ese trámite es celebrado entre autoridades policiales.-

Nos resulta difícil de entender, la conducta de Díaz Verón, si la juzgamos a la luz de las leyes internacionales que regulan la extradición, y se supone que desde su cargo de Fiscal General del Estado, debe conocer a cabalidad los protocolos que se siguen en su cumplimiento.-

Habría que avisar a nuestro Fiscal General que está equivocado si supone que la Sra. Loreta Lynch, Fiscal General de los Estados Unidos viajará a Suiza a asistir a la entrega de Juan Ángel Napout, una vez que la justicia de este país resuelva su extradición, o que viniera al Paraguay a hacer lo mismo, una vez que se resuelva la extradición de Nicolás Leoz.-

Ello es así, porque al Ministerio Público le corresponde la representación de la sociedad y los intereses colectivos ante el sistema judicial de los Estados, y por más relevantes que sean los hechos que motivan los trámites de una extracción, el procedimiento de entrega y recepción de los requeridos por la Justicia, es nada más que un trámite judicial

Las gestiones judiciales previas, los viajes para hacer lobby, las conferencias de prensa, la coordinación de la entrega del extraditado, están a cargo del Ministerio Público, pero la labor de recepción y traslado del detenido, corresponde exclusivamente a las autoridades policiales.-

La participación de Diaz Verón, participando este trámite, no solo desnuda su apego a la conducta “políticamente correcta” y a los flashes, y su bajo interés en darle prestigio internacional de nuestras Instituciones.-

Desnuda también la grave confusión que padece, y que se proyecta al modo en que el Ministerio Público ejerce sus funciones, y que se puede notar en cada “comitiva Fiscal-Policial” encargada de llevar adelante allanamientos, barreras callejeras o detenciones de personas requeridas por la Justicia; porque la Constitución Nacional ha establecido que la Policía Nacional “…tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos…”.-

Como sociedad, debemos exigir un cambio radical de conducta de quien – por mandato Constitucional – tiene a su cargo representarnos ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Debemos exigir que abandone conductas “políticamente correctas”, asuma las jurídicamente adecuadas, de lo contrario, debemos considerar la necesidad de que sea cambiado, con urgencia.-

Jorge Rubén Vasconsellos