Una piedra en el zapato de la República
Resulta muy difícil de entender, y de explicar
que a casi un mes de haberse presentado Acta de Imputación criminal contra el
Ministro Sindulfo Blanco, no haya aún un Juez que entienda en la causa.-
El hecho podría explicarse desde las amenazas
de algunos Magistrados, que pretendiendo disfrazar su solidaridad con el
imputado, sostienen que el delito de prevaricato no les alcanza, o sencillamente
desde la visión cruda de la perversa realidad que refleja que afecta de modo
directo y frontal la independencia de Jueces y Fiscales.-
La independencia de la Justicia, debe ser
entendida en sentido amplio. Ella debe abarcar no solo el propósito de
preservar a los jueces de injerencias o ataques que pudieran provenir de otros
Poderes del Estado, de autoridades políticas o administrativas, sino también de
las influencias que pudieran ejercerse desde otros órganos del Poder Judicial,
sea de los Tribunales de Apelación o la propia Corte Suprema de Justicia.-
La independencia judicial, para ser tal, debe
ser plena y absoluta. El Magistrado debe estar exento de cualquier tipo de
presión, injerencia o influencia. Pero nuestro sistema está diseñado para que
ese objetivo no pueda ser alcanzado.-
Ello puede visualizarse, desde la conservación
de la estructura vertical del sistema judicial, conformado por Jueces de Grado,
que subordinan el criterio de unos, respecto al de sus Superiores, como
consecuencia de la existencia de recursos de apelación, destinados a revisar el
criterio de los Inferiores.-
El filósofo y pensador ingles Jeremías Bentham,
hace más de ciento ochenta años atrás, ya criticaba con dureza el sistema de
recursos jerárquicos, en especial el de apelación, advirtiendo con diáfana
claridad que mediante ellos se afectaba gravemente la independencia de los
Jueces, afirmando que éstos últimos se preocuparían más por estar bien con el
Superior, que hacer justicia. Es decir, por “…hacerla de la forma que le sea más grata…” a aquel. Y concluía
sosteniendo, que – en consecuencia – “…su
primera virtud será una complacencia política…”.-
Pero, en nuestro país, el Magistrado, no
solamente está sometido al criterio de sus superiores, sino que – además – al
de un órgano extraño al Poder Judicial. El Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados, que obra con absoluta discrecionalidad sometiendo a juicio de
responsabilidad administrativa a Jueces y Fiscales, por los criterios expuestos
o defendidos por estos.-
El ejemplo más claro, es reciente y
precisamente se vincula con el caso mencionado, cuando exigió a los Agentes
Fiscales que imputaron al Ministro Blanco, la remisión del Cuaderno de
Investigación Fiscal de la causa, para “analizar” la conducta de aquellos.-
La actitud y la conducta asumida por el órgano
juzgador de Jueces y Fiscales, constituye una clara intervención en las causas
judiciales en trámite, y una violación abierta a la Independencia del Poder
Judicial, pues es al Juez que reciba la imputación, a quien corresponde analizar
y determinar si esta cumple o no con los requisitos de fondo y forma,
necesarios para su admisión.-
En estas condiciones, el panorama resulta
claramente preocupante, pues la anhelada seguridad jurídica, que se pretende
lograr mediante la búsqueda de la Independencia Judicial, se torna absolutamente
ilusoria. Las instituciones creadas por nuestra Constitución, se encuentran
cada vez más debilitadas, y el riesgo para el país es convertirse en una
República de fachada.-
La solución no pasará por desandar lo
transitado, ni por el mero cambio de hombres, sino por una reestructuración
total y profunda del sistema de justicia, que se traduzca en la reafirmación
del modelo republicano, que permita a la sociedad participar de modo activo y
directo en la gestión de los asuntos judiciales.-
Tampoco pasará por la modificación del Art. 305
del Código Penal, como pretenden algunos Magistrados, quienes sostienen la
necesidad de que el prevaricato, como tipo penal, no alcance a los Jueces. Ello, lejos de proteger a los Jueces contra
injerencias o influencias de terceros, significaría en consagrar la impunidad y
desproteger a la sociedad.-
El prevaricato consiste en pronunciar
sentencias contrarias a la ley expresa, es decir, sentencias manifiestamente
injustas, fundadas en la voluntad de querer decidir en contradicción con la
ley.-
Al estudiar este hecho punible, el tratadista
argentino Edgardo Donna sostiene que el prevaricato atenta contra la
Administración de Justicia “…ya que el
delito es cometido por los protagonistas del Poder Judicial “abusando de las garantías
que les otorga la Constitución: en la prevaricación se tuerce el derecho por
parte de quienes están sometidos únicamente al imperio de la ley…”.-
El caso del – hasta hoy – Ministro Sindulfo
Blanco, desnuda la fragilidad y debilidad del sistema judicial, y la absoluta
irresponsabilidad e indolencia de nuestros parlamentarios, quienes, a más de un
año de haber sido acusado por la Cámara de Diputados, y más de un mes de
haberse iniciado formalmente el enjuiciamiento, que – en un principio – no
debía extenderse más allá del 27 de abril, no han podido (querido) dar un corte
definitivo al asunto.-
No cabe duda alguna que el caso de Sindulfo
Blanco es una piedra en el zapato de la República, y una exigente prueba, de la
que difícilmente podremos salir airosos o fortalecidos.-
Jorge
Rubén Vasconsellos