Barreras policiales: El problema no es jurídico

Casi me siento obligado a escribir algunas reflexiones, luego de los últimos acontecimientos que concitaron la atención de la opinión pública, y que me han tenido como uno de sus promotores.-

La producción de un programa televisivo mostro interés en las críticas que – desde hace largo tiempo – hago a los “sistemas de control” a los que somos sometidos los habitantes de nuestro país por distintos órganos de la fuerza pública.-

Policía Nacional, Caminera, Municipal de Tránsito, sin contar con otros cuyo ámbito de afectación es más restringido, como Dinatrán, Senacsa, etc., han adoptado como modalidad de “trabajo”, barreras, cortes de ruta, retenes, barricadas o como quiera llamársele, con la falsa excusa de que constituyen métodos válidos de prevención.-

La justificación es falsa, pues la realidad demuestra lo contrario, las Barreras tienen como propósito único y exclusivo reprimir.-

Cuando la Policía Nacional nos detiene para controlar de documentos de identidad, nada previene, la realidad es distinta, lo que procura es dar cumplimiento a las órdenes de detención, que en número superior a veinte mil, se encuentran pendientes de cumplimiento, debido única y exclusivamente a su propia negligencia, a su irresponsabilidad y a la falta de cumplimiento del deber que le asigna la Constitución Nacional, que es perseguir a los delincuentes y dar cumplimiento a las órdenes judiciales.-

Debiendo salir a la búsqueda de los requeridos por la Justicia, no lo hacen, prefieren instalarse al costado de calles, rutas y caminos a esperar que el “prófugo” pase por dicho lugar, para prenderlo. Es decir, están “de pesca”.-

Para ello, detienen, molestan y fastidian a miles de ciudadanos que nada deben a la Justicia. Los humillan, sometiéndolos a todo tipo de vejaciones, y hasta – en algunos casos – exigiéndoles pagos ilegales.-

Pero lo peor de todo, es que, en todos los casos, violan el derecho fundamental de todo habitante de la República a no ser detenido, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente (salvo flagrancia).-

Las estadísticas oficiales demuestran que el sistema de “control” es un fracaso, no solamente por su ilegalidad, sino porque los índices de detenidos son ínfimos, casi podría decirse, despreciables.-

Si las barreras fueran eficaces, los índices serían importantes, y el funcionamiento del sistema podría tener alguna justificación racional, aunque no jurídica.-

Con las Policías de Tránsito, tanto Caminera, como Municipales, ocurre otro tanto. So pretexto de “control de rutina” y con la misma excusa de la prevención, utilizan igual método para reprimir, recaudar, extorsionar y obtener beneficios económicos ilegítimos.-

Si fuera cierto que el propósito es sacar de circulación a conductores ebrios, se hubieran limitado a realizar controles de alcoholemia y nada más. Pero, no es así, exigen exhibición de documentos de identidad, de propiedad del automóvil, su habilitación, extintores, balizas, etc., es decir, pretenden controlar si el conductor está al día en el cumplimiento de obligaciones de carácter administrativo, para, en caso contrario, imponer multas o exigir sobornos y nada más.-

Si fuera cierto que el propósito es la prevención de accidentes provocados por conductores ebrios al volante, los resultados perseguidos hubieran sido otros y no solo la imposición de multas y la obtención de donaciones en carácter de “reparación social del daño”.-

Otra vez las estadísticas oficiales se encargan de demostrar la mentira, la falsedad y la corrupción. Ningún conductor ebrio ha recibido condena Judicial. Ningún conductor ebrio se encuentra preso, purgando una condena por tal motivo.-

El Art. 217 del Código Penal paraguayo contempla hasta 2 años de pena privativa de libertad para quienes conducen sin estar en condiciones físicas para hacerlo como consecuencia de la ingesta de alcohol.-

Dos años de cárcel es mucho, pero es lo que la ley dice y hay que cumplirla. “Dura Lex Sed Lex, afirmaban los romanos, pero ello no ocurre en el Paraguay. Aquí, la pervertimos, la prostituimos y la convertimos en un instrumento de recaudación, de soborno y hasta de lucimiento personal de algunos funcionarios del Estado.-

Los acontecimientos ocurridos en los últimos días, han desnudado ante la opinión pública la realidad. Una realidad que evidencia como el Estado y sus “órganos de seguridad” se resiste a abandonar una práctica viciosa, ilegal y corrupta.-

Los hechos son anecdóticos y quienes nos hemos visto envuelto en ellos, meros actores de reparto. Lo fundamental, lo trascendente, lo que nos motiva al análisis y la reflexión es el montaje de aparatos estatales destinados a la sistemática violación de derechos ciudadanos de rango constitucional.-

Un ciudadano detenido por “orden verbal” de un Agente Fiscal, en violación a la Constitución Nacional y las leyes que la reglamentan por haberse resistido a la vejación y humillación que representa ser sometido a controles como si se tratara de un peligroso delincuente, a pesar de no haber cometido delito, infracción o falta alguna.-

Días después, otro ciudadano privado de su libertad, castigado físicamente, maltratado y humillado injustificadamente, por el solo hecho de haber requerido de la autoridad policial una explicación sobre el motivo por el que lo detenían en la vía pública, para someterlo a un “control”.-

Podríamos decir, que con su conducta las Autoridades del Estado violan los Arts. 12 y 17 de la Constitución Nacional, que violan las leyes que reglamentan sus disposiciones, que violan nuestros derechos civiles, nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos humanos, pero saldrán (como de hecho ocurre) otros que pretenden lo contrario, que procuran justificar con citas legales o con “razonamientos” jurídicos la conducta de aquellos.-

Pero, luego de leer y reflexionar sobre críticas y defensas, lo que dicen y piensan aquellos que están a favor y en contra, he llegado a la conclusión de que el problema no es de carácter jurídico.-

No es un debate o discusión que deba reducirse a establecer cuál es la ley aplicable o como deba ser interpretada, el problema es otro. El problema es ciudadano y refiere a definir qué es lo que queremos, que es lo que procuramos, que clase de sociedad pretendemos para nosotros, para nuestros hijos y nietos. Es un problema de carácter ideológico, no jurídico.-

Dos modelos distintos se enfrentan. Uno, el de un Estado que todo lo puede ante el ciudadano que todo lo debe y el otro el de un ciudadano libre frente a un Estado que lo protege en todos los casos, aun cuando su conducta es equivocada.-

Por un lado, el Estado Totalitario frente a ciudadanos indefensos, y por el otro, ciudadanos soberanos frente a un Estado a su servicio.-

La Constitución Nacional dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario mediante Sentencia, firme y ejecutoriada, dictada por un Juez competente.-

Nuestras autoridades dicen lo contrario. Dicen que nos pueden detener por seis horas sin orden escrita de autoridad competente, ni flagrancia, con el argumento de la mera sospecha. Lo dijo ayer el Comisario Inocencio Machado a los medios de prensa.-

El Comisario Machado, los Agentes Policiales que detuvieron al joven Fuertes y los que nos detienen todos los días en barreras y retenes, robándonos nuestra libertad, siguen en sus puestos. No han sido suspendidos, separados de sus cargos, siquiera se les llamó la atención por sus superiores jerárquicos o los responsables políticos de sus respectivas áreas.-

Si siguen en sus puestos y si siguen con sus prácticas, es sencillamente porque sus superiores jerárquicos y las autoridades políticas de quienes dependen, los apoyan, piensan de la misma manera y se encuentran satisfechos con su labor, y esto es grave, pues refleja y evidencia que clase de Estado pretenden consolidar.-

Un Estado que sigue el paradigma de la Santa Inquisición, en el que los ciudadanos nacen con el “pecado original” de la sospecha y requieren del “bautismo” del control para convertirse en inocentes. De la contrario la cárcel, el potro, el tormento o la hoguera.-

Por eso, líneas arriba decía, este no es un problema jurídico, es ideológico. Es la sociedad la que reclama el respeto de a sus derechos ciudadanos y la devolución de su libertad, porque, así como decía el 28.º presidente de los Estados Unidos de América, Thomas Woodrow Wilson “LA HISTORIA DE LA LIBERTAD ES LA DE LA LUCHA POR LIMITAR EL PODER DEL GOBIERNO”.-

jorge ruben vasconsellos

abogado

P.D.: “El hombre que no es capaz de luchar por la libertad, no es un hombre, es un siervo”. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel; filósofo aleman)