La parodia de administrar justicia

La abierta participación de Jueces y Fiscales en proyectos de reforma constitucional, representa, por una parte, un notable desprecio a las normas que regulan dichas funciones, y por la otra, desnuda su verdadero rostro.-

La Constitución Nacional, impone a ambos (Jueces y Fiscales) prohibiciones e incompatibilidades, señalando claramente que “…Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política alguna, ni desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos…” (Art. 254 y 267).-

“In Claris non fit interpretatio”, dice un aforismo latino que traducido significa “no hace falta interpretar lo que está claro”. Ante el texto constitucional claro, sencillo e incontestable, que prohíbe a Jueces y Magistrados ejercer “actividad política alguna”, no caben interpretaciones analógicas, restrictivas o de ninguna otra naturaleza. La prohibición está y debe cumplirse.-

Ya se ha señalado, desde esta misma columna, la semana pasada, que Política, por definición es “…Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos…Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo…”, cuando analizábamos la participación e injerencia de estos mismos, en las elecciones de representantes del gremio de Abogados matriculados, ante el Consejo de la Magistratura.-

La misma definición es aplicable a la campaña iniciada desde esos mismos sectores, que procura la convocatoria a Asamblea Constituyente con el propósito de lograr la Reforma Constitución, alegando la necesidad de reformar el sistema judicial a los efectos de consagrar su independencia.-

Para que se entienda bien, bajo el “liderazgo político” del Presidente del gremio de Fiscales, Agentes del Ministerio Público y Magistrados reclaman la modificación de nuestra Constitución Política, mediante el desarrollo de actividades de carácter político, que deberán tramitarse por la vía electoral, lo cual no es más que un procedimiento político. Y a nadie importa, nadie reacciona, nadie se escandaliza ante ello.-

El verdadero rostro de un importante sector de Fiscales y Jueces queda al descubierto y sin maquillajes. Un rostro que ya se venía exhibiendo desde hace tiempo, cuando veíamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial eran utilizados como “semillero”, como plataforma política para acceder a otros cargos.-

Fiscales y Jueces que luego de su “pasantía” por el sistema judicial, han accedido a cargos políticos, en algunos casos previa solicitud de permiso, y en otros mediante su renuncia, entre los cuales no es posible olvidar losasos más notables, como el del Fiscal Blas Imas, quien luego de su pasantía como funcionario de la Estatal Industria Nacional del Cemento, regresó – sin ningún inconveniente – al ejercicio de sus funciones en el Ministerio Público, o del Fiscal Ibarra, que ocupó el cargo de Viceministro del Interior, hasta hace poco tiempo.-

Hasta ahora, y desde hace mucho tiempo, el curriculúm de funcionarios del Estado que ocupan y han ocupado cargos políticos incluye su pasantía por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Nombrar a Jueces devenidos a Ministros, Secretarios de Estado, Embajadores, entre otros de menor rango y Fiscales convertidos en Senadores y Diputados, Ministros, Directores o Presidentes de Entes Públicos, Concejales Municipales, u otros cargos, candidatos y dirigentes políticos, constituiría un trabajo muy extenso, y posiblemente – por su gran cantidad – se omitirían muchos.-

La verdad sea dicha, no se trata de Fiscales y Jueces que han encontrado su verdadera vocación política en pleno ejercicio de sus funciones, y por ello la han dejado atrás para iniciar una nueva actividad, sino que por el contrario, estos hechos – apenas – constituye un retorno.-

Fueron designados en sus cargos, por sus méritos y afinidades políticas, pues en los procedimientos seguidos para su selección, estos factores han sido el principal tenido en cuenta, pues de otro modo no se explica, ni resulta razonable que muchos cuyas calificaciones universitarias no superen la media de un alumno regular, accedan al cargo sin alcanzar los máximos puntajes del concurso, y hasta quienes tropiezan con serias dificultades para exponer sus ideas de modo claro, sea oralmente o por escrito.-

Estos mismos, que plantean una Reforma Constitucional para modificar el diseño institucional de la República y de su sistema judicial, constituyen la razón misma de esa necesidad. Y aunque no expongan públicamente “sus proyectos”, no cabe ninguna duda que solo servirán para profundizar un modelo perimido, un sistema fracasado, en que se hace realidad (todos los días) aquello que aproximadamente cuatro años atrás decía el entonces Presidente del Uruguay, José Mujica que “lo político está por encima de lo jurídico”

Estos mismos, que han sido responsables de la impunidad y la injusticia en grandes e importantes casos, como los vinculados a abusos registrados durante el Gobierno de Stroessner, al homicidio del Gral. Ramón Rosa Rodríguez, las andanzas de Oviedo, la masacre de la plaza (1999), el homicidio de Argaña, la tragedia de Ycua Bolaños y las inconductas de nuestros gobernantes y dirigentes políticos actuales, han sido y son protagonistas del fracaso de un sistema que los tiene como responsables, demostrando falta de capacidad y voluntad para abandonar la parodia, y dedicarse a administrar Justicia.

Jorge Rubén Vasconsellos