Negocios y negociados florecen en el Poder Judicial

A fines del mes de febrero pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, daba a conocer un informe sobre “Prácticas de Derechos Humanos en el año 2013”.-

En el mismo, se exponían una serie de conductas irregulares que involucran al Poder Judicial de nuestro país. Su contenido no constituye información nueva o desconocida, es apenas el reflejo de lo que todos sabemos y que – además – ha sido objeto de denuncias formuladas por distintos sectores de la sociedad y la prensa.-

El referido informe – entre otros aspectos - señala que: “Los principales problemas de derechos humanos fueron la impunidad en el sector judicial, junto con prolongadas detenciones preventivas sin condena y retrasos en los juicios, condiciones severas en las cárceles que a veces ponen en peligro la vida humana, y participación de la policía en actividades criminales, tales como muertes ilícitas por personas vinculadas a las fuerzas del orden”.-

La corrupción en el Poder Judicial – sin embargo – es un tema que ha sido tangencialmente tocado, sin desarrollarlo, a pesar de la cada vez más creciente cantidad de datos y elementos que se publican sobre ella.-

No hace una semana, cuando aún estaba fresca en nuestra memoria el affaire del documento descriptivo de un esquema de corrupción encontrado en la computadora del Camarista Delio Vera Navarro, cobra estado público la decisión de una Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, que reguló honorarios por los trabajos realizados por dos Abogados en representación del Banco Central del Paraguay, en el Juicio de Quiebra del Banco Alemán Paraguayo en Liquidación.-

La Juez Tania Irún Ayala – según lo publicó la prensa – reguló los honorarios de ambos Abogados, funcionarios del Banco Central del Paraguay, por la presentación de un pedido de quiebra y un incidente de verificación de créditos, la suma de Gs. 1.956.944.778.-

Sin examinar y estudiar detalladamente el expediente, resulta difícil criticar la decisión judicial, pero, el caso sirve para llamarnos la atención sobre un tema extremadamente sensible en el que la corrupción se manifiesta desde las más variadas aristas.-

Una de ellas: la asignación que ciertos altos funcionarios públicos hacen de “casos gordos” a determinados Abogados, bajo la condición de compartir honorarios.-

Otra: La exigencia de algunos Jueces de una porción de los honorarios, como condición necesaria para regularlos sobre la base de porcentajes más elevados. Hay casos, inclusive, en los cuales deben firmarse cesiones de derechos a favor de terceros, sobre honorarios reclamados, en garantía de que una vez dictada la resolución de regulación, los beneficiarios no se podrán librar del compromiso asumido.-

Y, en aquellos casos en que las “negociaciones” no tienen espacio, la regulación de honorarios sirve como un instrumento de castigo para el Abogado que pretende mantenerse al margen del sistema. Sus solicitudes de regulación nunca se resuelven, o se establecen los valores mínimos que la ley autoriza, y esto lo afirmamos con absoluta tranquilidad, porque tenemos pruebas concretas de ello, entre las que se encuentra una solicitud de regulación de honorarios profesionales, no resuelta, desde hace más de diez años en la Corte Suprema de Justicia.-

El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene razón, el principal problema de derechos humanos en el Paraguay es la impunidad en el sector judicial, pero no la impunidad que se proyecta como consecuencia de las debilidades en la investigación, juzgamiento y castigo de los delitos cometidos por los particulares, sino por la impunidad que reina al interior mismo del sistema, que permite y alienta que, aun en pleno otoño, negocios y negociados florezcan en el Poder Judicial.-

jorge ruben vasconsellos