El Estado no nos defiende

La semana pasada hacíamos referencia a la cartelería publicitaria callejera, pagada por el Estado, que anuncia con letras de molde que “El Estado se defiende”, promocionando la labor de la Procuraduría General de la República, y nos preguntábamos ¿De qué o de quienes se defiende el Estado?, dejando abierta la respuesta, ya que la imagen que se pretende proyectar es la de un Estado que enfrenta a sus ciudadanos ávidos por obtener ganancias indebidas mediante demandas judiciales.-

La realidad contrasta – sin embargo – con la imagen que se pretende proyectar, pues, un Estado serio, responsable y solidario, no espera que sus ciudadanos incurran en gastos innecesarios para realizar reclamos judiciales, que requerirán de inagotable paciencia, moral incorruptible y esfuerzos sobrehumanos, para soportar el funcionamiento de un sistema judicial momificado, moroso y altamente corrupto, para lograr la reparación de los daños y perjuicios que, por abusos, negligencias o arbitrariedades, han provocado sus mismos funcionarios.-

No debemos tener dudas de que, en medio de miles reclamos, debe existir un pequeño porcentaje carente de sustento, y que son – nada más – que esos, los casos que deben ser sometidos al sistema judicial. Dicho sea de paso, el Poder Judicial, es parte del Estado, y consecuentemente, sus integrantes (Jueces, Camaristas, Miembros de Corte, y Ministerio Público), también, son funcionarios del mismo.-

Precisamente, es por ello que, cuando los funcionarios del Estado, afectados al sistema de justicia (Poder Judicial y Ministerio Público) someten a la sociedad a ilegales movilizaciones, paros y huelgas, con el propósito de obtener ventajas salariales, el mensaje de la cartelería propagandística de la Procuraduría General del Estado hace aguas por todos lados.-

Para poner las cosas en claro, debemos advertir que el Presupuesto General de la Nación, no es más que una ley anual que “autoriza” la realización de gastos e inversiones a cargo del Estado, y establece niveles máximos o topes, pero no obliga, impone o exige su realización.-

En efecto, cuando el presupuesto autoriza el pago de determinado nivel salarial, no obliga al administrador de la Institución a elevar de manera automática e inmotivada el salario de sus funcionarios, ya que pude no hacerlo, si en los hechos, no hay razones o motivo para ello.-

Sin embargo, se pretende una interpretación distinta, y como consecuencia de la mera autorización presupuestaria los administradores de las distintas Instituciones, en especial los del Poder Judicial y el Ministerio Público, proceden a hacer efectivas las ventajas salariales obtenidas como consecuencia de las ilegales movilizaciones, paros y huelgas.-

La imagen que así se proyecta a la sociedad, no es la que pretende la cartelería publicitaria callejera, de la Procuraduría General de la República, pagada por el Estado, sino por el contrario, esta refleja una realidad distinta. Aquella que sitúa a una sociedad empobrecida sosteniendo un Estado pobre, poblado de funcionarios ricos.-

De la complicidad o complacencia de los responsables de la administración del Poder Judicial y el Ministerio Público, que permiten el desarrollo de ilegales movilizaciones, paros y huelgas, y sin adoptar las medidas que la ley contempla, mantienen en sus cargos a quienes violan las leyes, y – peor aún – mantienen intacto el pago de sus salarios por las jornadas no trabajadas, nadie, ni la Procuraduría General de la República, nos defiende.-

Del populismo e irresponsabilidad de ciertos parlamentarios, que ceden ante este tipo de presiones ilegales, permitiendo que la sociedad y el Estado se conviertan en víctimas de la extorsión motivada por la avidez de privilegiados funcionarios, alentando que todos los años se repita la misma historia, nadie nos defiende, ni defiende al Estado.-

De la complacencia y “generosidad” practicadas por los administradores del Poder Judicial y el Ministerio Público, con los recursos económicos del Estado, obtenidos con el sacrificio tributario de la sociedad, tampoco nos defienden.-

El pago de salarios por días no trabajados, sin causa legal que lo ampare, es delito. Constituye el hecho punible de Lesión de Confianza, y si no me creen, pueden preguntarle al ex contralor Oscar Rubén Velazquez, a la ex subcontralor Nancy Torreblanca, o quizás a aquel cuyo recuerdo está más fresco en nuestra memoria, el ex Rector de la Universidad Nacional de Asunción Froilán Peralta, entre algunos otros.-

A pesar de ello, es apenas una fantasía suponer que algún funcionario del Ministerio Público, o de la promocionada Procuraduría General de la República ejercerá alguna acción destinada a defender a la sociedad y al Estado, frente a este tipo de atropellos protagonizados por sus mismos funcionarios.-

La actitud indolente de los Fiscales ante este tipo de hechos nos demuestra que el Ministerio Público – definitivamente – no cumple su papel Constitucional de representar a la sociedad, y la Procuraduría General de la República no defiende y representa “los intereses patrimoniales de la República”.-

Luce evidente que el Estado no se defiende, ni nos defiende, y por ello, estimo recomendable el cese de esta campaña publicitaria callejera.-

Jorge Rubén Vasconsellos