La dignidad del cargo parlamentario
Reflexionar sobre nuestra realidad
política no es tarea sencilla. Procurar comprender los acontecimientos que a
diario se producen, la conducta de nuestras autoridades y sus decisiones, exige
la aceptación de que las cosas no son como debieran.-
Es claro que si el baremo fuera
elevado, el resultado del análisis y las conclusiones arrojarían como resultado
una crítica más severa. Pero no debe escapar al observador, que la construcción
del sistema democrático y representativo en nuestro país, es tarea iniciada
hace apenas veinte y siete años, por lo tanto, pudiera ser razonable (no sé a
ciencia cierta si lo es, o no), que las jóvenes instituciones republicanas
padezcan debilidades y vicios, de los que – pareciera – no pueden liberarse,
por la falta de una visión clara en los actores, protagonistas y principales
responsables.-
La refundación del Paraguay, el 3
de febrero de 1989, constituye un hecho histórico, que ha marcado el fin de un
modelo de intolerancia y exclusión, cuya vigencia en el pasado, se extiende por
mucho más tiempo que el de gobierno del derrocado Alfredo Stroessner, y tal vez
su origen podría situarse en la época inicial de nuestra independencia.-
Con la Constitución de 1992,
elaborada por primera vez en nuestra historia, con la participación de todos
los sectores políticos y sociales nacionales, se pretendió diseñar un sistema
de convivencia tolerante, sin exclusiones, ni persecuciones, estableciendo
Instituciones de Gobierno que, en el ejercicio de la representación popular,
satisfagan sus necesidades materiales y espirituales.-
Todos éramos conscientes de que la
tarea de formar y consolidar las instituciones sociales y políticas creadas por
la nueva Constitución no se presentaba como un desafío fácil o sencillo. Se
requería (y requiere) de los mejores, de talento, de la mejor formación
académica y moral.-
Pero, poco más de un cuarto de
siglo han sido suficientes para evidenciarse que nos hemos desviado del
propósito enunciado, y las Instituciones creadas por la Constitución siguen
padeciendo vicios y debilidades, que creíamos debían ser superadas.-
El autoritarismo anterior, fue
reemplazado por la corrupción, de la mano de la chatura intelectual de los
protagonistas y responsables de la vida política de nuestro país, manteniendo
la debilidad de las Instituciones democráticas y republicanas.-
El acceso a los cargos de
relevancia de ineptos y oportunistas, ha provocado una profunda degradación de
conceptos, de los valores sociales y republicanos, y la confusión – hoy día –
es tal, que los llamados a Gobernarnos se han olvidado que los cargos que
ostentan constituyen dignidades y no simples empleos.-
La Institución más importante en el
sistema republicano de un país, es su Parlamento. Así lo ha sido desde su
aparición como órgano de representación popular y pluralista. El Parlamento
debe ser el escenario en el cual se debatan las ideas y proyectos que representen
los altos intereses de la nación y no el lugar propicio para obtener beneficios
personales o sectoriales.-
Nuestros parlamentarios, sin
embargo no han sabido, o no han querido entender que desde el cargo que ocupan
nos representan en la elaboración de las leyes, en la conformación de los
órganos e instituciones que regirán nuestras vidas, en el control de la
correcta administración del Gobierno.-
Han preferido olvidarse de la
importancia y trascendencia de sus funciones, despreciando la dignidad del
cargo, optando por convertirse en simples empleados de un órgano, cambiando la
naturaleza de sus retribuciones económicas llenándose de privilegios.-
Considerar que un Parlamentario es
empleado del Estado (o de la sociedad) es un despropósito y pretender, o
tolerar que se comporte como tales, es igualmente perverso. El empleado tiene
un “patrón” al que debe obediencia, mientras el Parlamentario no puede
encontrarse sometido a mandato imperativo de nadie.-
El empleado cobra sueldo, horas
extras, bonificación familiar y otros beneficios, el Parlamentario, dieta, y la
diferencia es sustancial. El sueldo es una retribución del trabajo que se
presta por cuenta ajena y en relación de dependencia, y dieta es un estipendio
que paga a quienes ejecutan comisiones o encargos por cada día en que se ocupan
en ellos, o por el tiempo que emplean en realizarlos.-
Los Empleados tienen derecho a la
jubilación, al cumplir cierta edad, y alcanzar determinado tiempo de trabajo,
mientras los Parlamentarios no, a pesar de que en nuestro país, basta haber
sido Diputado o Senador por un periodo de cinco años, para gozar de este
privilegio.-
La degradación a la que han
sometido los Parlamentarios a la dignidad del cargo, ha generado errores y
confusiones, no solo a la sociedad, sino a los mismos funcionarios del Estado,
y es por ello explicable, aunque no justificable, que el Secretario de la
Función Pública, haya remitido una nota a las Cámaras de nuestro Parlamento,
con la lista de Diputados y Senadores que – por edad – están en situación de
someterse a este beneficio (privilegio el caso particular).-
El hecho que generó la airada
reacción de los afectados, no debe pasar desapercibido, ni constituirse en
motivo de burlas o críticas, sino que debe ser objeto de preocupación y
reflexión, con el propósito de procurar rectificaciones que permitan modificar
la realidad, devolviendo al Parlamento el sitial que le corresponde en la
estructura de un Estado republicano y democrático, cuyos integrantes ejerzan
con altura la dignidad que reclama el cargo.-
Jorge Rubén Vasconsellos