Proceso de desnaturalización institucional (Conclusión)

Desde este espacio, hemos abordado algunos puntos relevantes de la criticada y criticable gestión de la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia, poniendo en evidencia el modo en que se han desviado de los objetivos propuestos, hace cerca de veinte y tres años, cuando el 20 de junio de 1992, se sancionaba y promulgaba una nueva Constitución Nacional para la República “…invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista…”.-

Con muchas virtudes y algunos defectos, la nueva Ley Suprema de la Nación, estableció una serie de medidas de seguridad destinadas a limitar el poder público ejercido por el Gobierno, mediante la dispersión de facultades que tradicionalmente correspondían al Ejecutivo y al Judicial, otorgando mayor preponderancia al Legislativo en la gestión de control de los demás Poderes del Estado.-

El Legislativo adquirió un papel protagónico en la designación y remoción de la mayoría de los altos funcionarios del Estado. Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Fiscal General del Estado, al igual que los Directores de las Entidades Binacionales, del Banco Central del Paraguay, y otros cuyas instituciones no integran la tradicional formulación tripartita (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.-

El modelo republicano diseñado por la Constitución, sin embargo, fue considerado una “camisa de fuerza” para las autoridades políticas, quienes, al poco tiempo de su vigencia, ya hicieron públicas críticas y deseos de su enmienda o reforma.-

Pero, las reformas planteadas no se sustentaban, entonces, ni lo hacen hoy, en proyectos de profundización del modelo republicano, ni en el reconocimiento de mayores derechos y garantías a los ciudadanos, sino en la flexibilización de aquellas medidas de seguridad que tenían como propósito la limitación de los poderes y facultades de los gobernantes.-

Nadie, ni siquiera ha sugerido la necesidad de una reforma que elimine definitivamente la dependencia y sometimiento del Poder Judicial de los factores de poder político. No se ha puesto a consideración de la sociedad la posibilidad de hacer efectivo el sistema republicano, garantizando la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, mediante la instalación del sistema de Juicios por Jurados y el acceso a la función judicial por la vía de la elección popular.-

Las descalificaciones formuladas contra el sistema de Juicio por Jurados, y la designación de Agentes Fiscales mediante elección popular, carecen de seriedad y, nada más, encierran el temor de las autoridades políticas, de la pérdida definitiva de sus poderes e influencias, en el sistema judicial.-

Pretender que los ciudadanos carecen de aptitud para elegir a los que deberán cumplir el rol de investigadores, acusadores y juzgadores de conductas ilícitas, pero que – al mismo tiempo – se encuentran capacitados para elegir a aquellos habrán de ejercer la Presidencia del país y a los que tendrán a su cargo dictar las leyes que regularán su modo de vida, estableciéndoles cargas y obligaciones, es absolutamente contradictorio.-

Nadie mejor que la misma sociedad para ejercer la defensa de sus derechos individuales y colectivos, y nadie peor que un burócrata asociado a los factores políticos de poder, para administrar justicia.-

La sociedad sabe cuáles son sus problemas y sus preocupaciones cotidianas, y sabe mejor que cualquier funcionario del Estado cuáles son sus prioridades. Tiene más y mejores motivos para perseguir el delito que cotidianamente lo afecta, y de los que Fiscales y Jueces se enteran nada más que a través de la crónica roja de los medios de prensa.-

Podemos coincidir en la necesidad de introducir reformas a la Ley Fundamental de la Nación, pero no con el propósito de dar sustento a proyectos regresivos, como la reimplantación de la reelección presidencial, sino con el objetivo de profundizar y mejorar nuestro sistema republicano, procurando hacer efectiva la vigencia de los principios “…separación, equilibrio, coordinación y recíproco control…” de los Poderes del Estado, que proclama del Art. 3 de nuestra actual Constitución.-

Mientras ello no ocurra, seguiremos padeciendo – como sociedad – todo tipo de abusos e inconductas de los funcionarios que ejercen el poder político. Seguiremos siendo meros espectadores de la comedia protagonizada por Jueces que dictan una Resolución negándole la libertad a un procesado, y al día siguiente otra, por la que se la otorgan, con argumentos contradictorios, sin ninguna posibilidad de castigo, mientras los políticos no se pongan de acuerdo para decidir su destitución.-

Mientras tanto la Administración de Justicia no logre su verdadera independencia, y la ciudadanía participe, incidiendo directamente en sus decisiones, seguiremos viendo a Jueces, Fiscales, Contralores, Ministros, Parlamentarios, y demás funcionarios, enriqueciéndose ilícitamente y abusando impunemente de sus poderes y cargos en beneficio propio, en desmedro de la sociedad.-

Hasta que ello ocurra, no existe esperanza que se detenga, y mucho menos, se revierta, el cada vez más acelerado proceso de desnaturalización institucional que se registra en nuestro país.-

Jorge Rubén Vasconsellos