La agenda judicial en manos de los políticos

La brújula política de nuestras autoridades se encuentra tan dañada que han perdido el norte y el horizonte. Esa sería la única explicación de conductas que ponen en entredicho el carácter Republicano de nuestro país.-

El Estado de Derecho, donde gobernantes y gobernados se someten por igual a los mandatos de la Constitución Nacional y las Leyes; y, la división, equilibrio, independencia e interdependencias de los Poderes del Estado, son ingredientes sustanciales del sistema republicano.-

El Congreso, que por su naturaleza e integración, tiene la misión principal de ejercer la representación popular de los intereses comunes, sin embargo, es protagonista de groseras violaciones al régimen Constitucional y al sistema Republicano, arrastrando detrás suyo a los demás Poderes del Estado.-

Las funciones, obligaciones, responsabilidades y atribuciones de los órganos del Poder Legislativo se encuentran textualmente reglamentados en la norma constitucional. Cualquier desviación o exceso, se trata de un indudable caso de abuso o desviación de poder, que merece ser juzgado y sancionado, por el Poder Judicial.-

Pero, el juzgamiento y sanción de este tipo de hechos no podrá ser posible, mientras el sistema judicial no encuentre la posición que le corresponde, en el diseño constitucional, y siga sometida a los intereses particulares de los Legisladores de turno, quienes se han convertido en árbitros supremos del destino de la administración de justicia.-

Como en periodos presidenciales (y legislativos) anteriores, en este, las campañas proselitistas se han dedicado a criticar a la administración de justicia, planteando la necesidad de realizar cambios radicales, pero sin embargo, una vez en ejercicio del poder, los discursos han mutado, y el sistema judicial ya no era blanco de las críticas, que se reducía, nada más, a algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.-

Del mismo modo que ha ocurrido en oportunidades anteriores, en esta, se han seleccionado a cuatro Ministros de Corte, para someterlos a Juicio Político, con el fin de removerlos.-

Uno de ellos, después de manifestar, por los medios de prensa, su voluntad de permanecer en el cargo, terminó renunciando, y hasta la fecha no se ha podido llenar la vacancia producida, por los “desacuerdos” entre el Ejecutivo y el Senado, y debido a ello, hace poco más de seis meses, no se puede completar el cuadro de la Corte Suprema, que hasta hoy funciona con un integrante menos.-

Pocos días después, la Cámara de Diputados resolvió someter a juicio político a los otros tres integrantes de la Corte, previamente “seleccionados”, y desde entonces (hace también seis meses), las acusaciones se encuentran “cajoneadas” en alguna oficina del Senado.-

Mientras tanto, desde las dos Cámaras del Congreso se registran todo tipo de inconductas, sin consecuencia judicial alguna. Desde luego, ello es impensable, si se toma en consideración que el futuro de tres integrantes del más alto tribunal se encuentra en las manos de aquellos, con el agravante que representa el riesgo de que otros más pudieran correr con la misma suerte.-

Un entramado sistema de “premios y castigos” se evidencia – en estos casos – ya que los actualmente acusados, junto con los que pudieran serlo en el futuro, no podrán hacer uso de la autonomía e independencia que la función judicial requiere, por temor a la remoción, con el agregado de que, aquellos que actualmente integran el Poder Judicial, y que se han anotado en lista de espera para ocupar vacancias futuras, saben que no podrán acceder al cargo, sino al precio de la obsecuencia.-

Pocos ejemplos bastan para certificar cuanto se señala, y en tal sentido la conducta de los protagonistas la grabación clandestina de una conversación con un procesado por narcotráfico, es una de ellas.-

Si nuestro sistema judicial funcionara adecuadamente, el mismo día en que se difundió la noticia sobre la existencia de dicha grabación clandestina, los domicilios y oficinas de los protagonistas debían ser objeto de allanamiento para certificar su existencia, secuestrar el material y determinar quienes tenían copia del mismo.-

El sistema esperó que Giuzzio decidiera entregarlo al Ministerio Público, sin importarle establecer quienes contaban con copia de ella y quienes podrían haberlo filtrado, sea a la prensa o a terceros.-

Nunca se dispuso el allanamiento del domicilio de los Senadores Giuzzio y Wiens, del Secretario Ejecutivo de la Senad, ni del Comisario Fleitas, y en consecuencia, nunca podremos saber en poder de quien se encontraba (además del primero de los nombrados), y quien facilitó su copia, primero, a alguien procesado por Lavado de Dinero, y posteriormente a la prensa.-

El privilegio de la inmunidad que la Constitución Nacional otorga a los Parlamentarios, es “de palabra”, “de arresto”, y de “proceso”, pero no se extiende a su domicilio y propiedades, por lo que el allanamiento y registro de sus moradas y oficinas, no lesionaba disposición constitucional, ni legal alguna.-

Sin embargo, estas medidas (o cualquiera otra), no se han tomado a tiempo, y es posible que nunca vayan a tomarse, mientras la agenda judicial se encuentre en manos de los políticos.-

Jorge Rubén Vasconsellos