Seguridad pública y seguridad privada

Hace aproximadamente una semana, se hicieron públicos los datos numéricos de guardias policiales asignados a la custodia de autoridades nacionales, encabezando la lista, el Fiscal General del Estado, con treinta y seis policías encargados de su seguridad y la de su familia.-

La divulgación del dato provocó el enojo del “representante de la sociedad”, quien (sin confirmar, ni desmentir el dato) sostuvo que con ello se debilitaba su seguridad.-

Si las manifestaciones atribuidas a Díaz Verón, publicadas por los medios de prensa, fueran exactas, servirían nada más que para evidenciar su confusión y ausencia de criterio. Aspectos que han sido la constante durante su gestión, porque su seguridad no está relacionada directa o indirectamente con el conocimiento de la cantidad de efectivos policiales que se destina a su custodia y a la de su familia, sino de la función que cumplen cada uno de ellos.-

Para poner las cosas en perspectiva, debemos tomar en consideración los datos globales publicados sobre el particular, que indican con claridad que la asignación de recursos humanos de la Policía, para custodiar funcionarios e Instituciones del Estado, es nada más que un elemento revelador del ranking de “importancia” de los custodiados, en el que ninguna relevancia tiene la función que cumpla, sino la influencia y el ejercicio del poder de cada uno de los beneficiados.-

En esa lista, Díaz Verón ostenta un lugar de privilegio ocupando casi el ocho por ciento de los efectivos destinados a la seguridad del Ministerio Público, de un total de 483 Agentes asignados a dicha Institución.-

Lo que no revela la información divulgada es la función específica que cumplen los Agentes Policiales asignados a la seguridad de Fiscal General, otros funcionarios del Ministerio Público y los locales de esta Institución, porque si tales datos fueran publicados, podríamos concluir que quien se encarga de debilitar su propia seguridad, la de su familia, y de la sociedad, son los mismos “protegidos”.-

Quienes cotidianamente concurrimos a las distintas oficinas de la Fiscalía, somos testigos directos de que los Agentes Policiales asignados a la “custodia” de los edificios del Ministerio Público, sobre todo en las Fiscalías Regionales, Zonales y Barriales, hacen las veces de recepcionista, telefonista, y en algunos casos, hasta de ordenanzas.-

En más de una oportunidad hemos visto inclusive a Agentes Policiales concurriendo a Tribunales para “custodiar” a Fiscales y para “protegerlos” la fatiga que les produce llevar las copias de sus expedientes, sus materiales de trabajo, y hasta sus teléfonos celulares.-

Estos hechos pasan casi desapercibidos, pero merecen ser puestos de relieve, cuando nos sentamos a analizar los números de Agentes que son distraídos en funciones que no son propia de la seguridad pública, ni de la seguridad privada de los funcionarios.-

Pero, el error de Díaz Verón y sus Agentes Fiscales, no es creer que desplazándose como Emperadores Romanos escoltados por una legión de soldados pretorianos mejorará su seguridad personal, ni su “status”. Es igualmente un error creer que cinco Policías más o menos, incidirá en el mejoramiento de la seguridad pública.-

Es en este último aspecto donde se puede notar que el “representante de la sociedad” y “titular de la acción penal pública” comparte con el Ministro del Interior y los responsables de la Institución Policial errores, desaciertos y confusiones, porque, si los 2.688 Agentes Policiales ocupados, de modo permanente a la custodia de autoridades, Instituciones Públicas y particulares, fueran reasignados para cumplir tareas de prevención, no harían ninguna diferencia.-

Es posible que el resultado de dicha medida sea nada más que encontrarnos con mayor cantidad de Barreras Policiales “controlando” documentos de identidad, molestando innecesariamente a los ciudadanos, interrumpiendo el tránsito, y procurando reducir el altísimo número de ordenes de captura pendiente de cumplimiento. Y en medio de ello, la posibilidad de que los actos de corrupción se reproduzcan, permitiéndoles “hacer un extra”, como ocurre cotidianamente.-

Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana deben sobreponerse a sus propias debilidades y vanidades. Deben sentarse a proyectar una reestructuración seria y profunda de la Policía Nacional, para lo cual no hace falta mucho esfuerzo, porque los lineamientos que deben observarse ya están establecidos en el Código Procesal Penal, que contempla formación de una Policía Judicial dedicada a ejercer funciones de investigación y promoción de la acción penal pública.-

La separación de las funciones de Prevención, de las de Investigación y represión del delito, mediante la reorganización de los cuadros de la Policía Nacional, permitirá que sus Agentes se dediquen con exclusividad a la tarea de impedir con mayor eficiencia la comisión de muchos hechos punibles, disminuyendo las altas tasas de criminalidad, y mejorando la seguridad ciudadana.-

Mientras no se encare la reestructuración y reorganización de la Policía Nacional, no se disponga la reasignación de sus funciones, ni se redefina el rol que corresponde a sus integrantes, nada habrá de mejorar. Hasta que ello ocurra, el Fiscal General del Estado, el Ministro del Interior y las autoridades Policiales, seguirán más preocupados por su seguridad privada que por la seguridad pública.-

Jorge Rubén Vasconsellos