Comenzaron a cambiar todo,
para que nada cambie
Creo indispensable comenzar
cualquier análisis sobre la gravedad, profundidad y extensión de los hechos
revelados a partir de la difusión de conversaciones telefónicas mantenidas por el
secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con Abogados,
políticos, Fiscales, Magistrados, entre muchos otros, dejar en claro algunas cuestiones.-
La primera, y – quizás – la más
importante, refiere a las responsabilidades Institucionales, sobre las que,
hasta ahora, nadie se detuvo a analizar. La segunda, la responsabilidad (o
irresponsabilidad) individual y personal de cada uno de quienes integran o
conforman las Instituciones involucradas.-
Desde el punto de vista
Institucional, resulta claro que el escándalo producido por la filtración de
los audios, ha terminado por minar y destruir la escaza confianza de la
ciudadanía en sus instituciones. Es cierto que, desde hace mucho, las encuestas
realizadas evidenciaban los bajísimos niveles de “credibilidad social” de
nuestro Poder Judicial, pero también es cierto que con lo ocurrido en las
últimas horas, esa poca confianza se ha desvanecido, ha desaparecido.-
La sensación de desprotección e
inseguridad jurídica que proyecta es tan amplia que termina salpicando a todos,
ciudadanos, abogados y los pocos Magistrados que intentan hacer bien su trabajo
(son pocos, pero también los hay).-
A partir de ahora toda
resolución judicial estará manchada, independientemente de que quien la emitió
haya conversado – o no – con Gonzalez Daher o con
Fernandez Lippmann. Y sobre todo, los Abogados nos
preguntaremos si hemos ganado un caso, por las razones que expusimos, o porque
tuvimos la suerte de que uno de aquellos no intervino ilegal e ilegítimamente
en el caso. Y en caso de que hayamos perdido, tendremos – también – el legitimo
derecho a pensar de que la derrota fue el resultado de las “gestiones”
realizadas por ellos.-
Pero, en definitiva ¿Qué puedo
hacer si llego a escuchar un audio en el que se menciona un expediente mío?, la
respuesta – lamentablemente – es: No mucho. Si mi cliente resultó condenado,
podría intentar un Recurso de Revisión, alegando que “la sentencia condenatoria
haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra
argumentación fraudulenta, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior
firme” (Art. 481 del Código Procesal Penal), es decir, debo esperar, cuando
menos, tres o cuatro años a que concluya cualquier causa penal que se haya
iniciado a raíz de este escandaloso hecho. Mientras tanto, mi defendido seguirá
condenado y privado de libertad.-
Desde la otra posición, en caso
de que fuera Abogado de la víctima, y como consecuencia de estos ilícitos
manejos, el sospechoso hubiera sido sobreseído o absuelto, tendré que
informarle a mi cliente que teníamos razón, pero perdimos, pero nada podemos
hacer, porque el delincuente no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho,
ni se puede reabrir una causa judicial cerrada. La impunidad se habrá consagrado.-
Los daños producidos están a la
vista, otros se irán viendo con el tiempo, pero lo cierto y concreto es que
ninguna Institución del Estado se hará cargo de ellos.-
El otro aspecto, no menos
preocupante, es el relacionado con la responsabilidad personal de los
integrantes de los órganos y poderes afectados. Del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados, del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.-
Comenzaré por esta última, cuyo
titular (Javier Diaz Verón), anunció que ordenó la apertura de una investigación
sobre el contenido de los audios difundidos, designando a un Agente Fiscal,
agregando que “No importa quién es juzgado, si tiene que imputar debe hacerlo
sin mirar a quién”.-
El Fiscal General pretende así
desligarse de su responsabilidad personal, creyendo que la sociedad puede
aceptar la idea de que el mismo no tuvo ningún conocimiento de los hechos de
corrupción registrados al interior de la institución que dirige, o en todo
caso, demostrando que es más incompetente e inepto de lo que pudiera esperarse.-
No es posible creer que un
Fiscal “conversado”, coaccionado, chantajeado, amenazado o tentado con favores
por Gonzalez Daher o Fernandez Lippmann no le informó
en cada oportunidad en que se produjo.-
No es posible creer que ese
mismo Fiscal “conversado”, coaccionado, chantajeado, amenazado o tentado con
favores por Gonzalez Daher o Fernandez Lippmann haya
cedido a la presión o a los favores prometidos con absoluta independencia y sin
la cobertura de sus superiores. Prueba de ello es que – hasta ahora – nadie
emitió orden de captura contra éste último, del mismo modo en que lo hacen con
cualquier ladrón de gallinas.-
Y si creyéramos que fue así, que
Diaz Verón se enteró de todo recién cuando los audios fueron difundidos,
tendríamos que concluir, que – en el mejor de los casos – nos encontramos ante
un Fiscal General autista, incompetente y negligente, que ni siquiera se entera
de lo que ocurre bajo sus propias narices.-
La situación en el Poder
Judicial, no es muy distinta, sobre todo si tomamos en consideración que está
integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, y ninguno de ellos
ha exigido que Gonzalez Daher sea apartado del cargo,
como condición para seguir integrando dicho órgano. Tampoco han exigido que
Fernandez Lippmann sea sometido a sumario administrativo, ni que las causas
tramitadas ante dicha Instancia juzgadora de Jueces sean sometidas a auditoría.-
En síntesis, todo sigue igual,
excepto por el anuncio de que ordenó que la Dirección General de Auditoría de
Gestión Jurisdiccional identifique los casos mencionados en los audios y
publicaciones periodísticas en que están involucrados miembros y la auditoría
de dichas causas judiciales.-
Lo llamativo de la Resolución
firmada por el presidente de la Corte, es que se refiere a “…los audios y publicaciones periodísticos que
involucrarían a funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,
Ministerio Público, Poder Judicial y Abogados…”, y sospechosamente omite
incluir al Presidente del Jurado, políticos y parlamentarios, como si todo esto
fuera nada más atribuible a un secretario del Jurado.-
El Senado Nacional, convocado en
sesión extraordinaria para aprobar la Resolución “Por la cual se sanciona con suspensión de sesenta al senador González Daher y se exige investigación penal al Fiscal General del
Estado", se reúne nuevamente para tratar, esta vez, la Resolución “Por la cual se revoca la Resolución de
designación de representantes de la Cámara de Senadores ante el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y se designa nuevos representantes”, y a
renglón seguido resolvieron posponer el estudio del “Proyecto de Resolución “Por la cual se sanciona con la pérdida de
investidura al Senador Oscar González Daher según lo
previsto en el Artículo 201 de la Constitución Nacional por uso indebido de
influencias.-
Luce evidente que la “reacción”
del Senado, es nada más que “pour la galerie”, es decir, para procurarse el aplauso de la
sociedad, frente, aunque sin ninguna trascendencia real.-
Nada más que para “desmarcarse”
ante la ciudadanía, de la más nauseabunda trama de corrupción, extorsión y
chantaje, de la que se hubiera tenido pruebas claras (quizás) en toda la
historia patria.-
Pero resulta que en la Sesión
del “Honorable” Senado de la Nación, se ha dicho con absoluta desvergüenza que
todo lo publicado era un “secreto a voces”, lo que nos conduce a la pregunta:
¿Qué han hecho para impedir o frustrar que siga desarrollándose la corrupción
que afecta a nuestro sistema de justicia?.-
Si sabían y se callaron, ¿no son
cómplices, o en el mejor de los casos encubridores?.-
Peor aún, callan mucho más de lo
que dicen, pues nadie en su sano juicio puede creer que el esquema del que se
valió Gonzalez Daher fue montado por él.-
La suspensión de Gonzalez Daher, es nada más que un “geniolito”
para combatir el cáncer de la corrupción. Decidir la pérdida de la investidura
es lo que correspondía, (Artículo 201 de la Constitución Nacional), para cuyo
efecto, ni siquiera se requiere las mayorías especiales exigidas para su
suspensión (Art. 196 C.N.).-
Pero no se animaron a tanto,
vaya a saber uno por que obscuras razones e inconfesables intereses, luego de
votar su suspensión, se plantearon establecer un “procedimiento” (después de
conocido el resultado de las internas partidarias), para debatir, nuevamente el
tema.-
Vaya custodios de la
Constitución, que luego de aplicar una sanción leve, anuncian que estudiarán y
discutirán el modo de imponer otra más drástica, adelantando el propósito de
violar el Art. 17.4 de nuestra Ley Fundamental, que prohíbe la doble
persecución y el doble castigo.-
Ni siquiera hace falta recordar
que el Art. 8.4, de la Convención Americana de Derechos Humanos, al igual que
el Art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a los
cuales se ha adherido nuestro país, proclaman el “non bis in idém”, es decir, consagra la prohibición de doble
persecución y castigo (Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por
el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo
con la Ley y el procedimiento penal de cada país.)
No se si por ignorancia, por
negligencia o deliberadamente, pero – seguro – aprovechándose de la ignorancia
del ciudadano común, con una doble sanción, brindarán a Gonzalez Daher la posibilidad de colocarse en la condición de
víctima, habilitándolo ante los organismos internacionales a reclamar el
respeto de sus derechos fundamentales.-
Cualquiera sea la razón o el
propósito oculto, esta es la crónica de un papelón anunciado, protagonizado por
quienes la misma Constitución les encomienda el deber de velar por la
observancia de esta Constitución y de las leyes (Art. 202.1 CN)
En realidad, desde los primeros
minutos en que se conoció la noticia y los audios fueron difundidos, me invadió
la sensación de que el sistema corrupto que nos agobia buscaría el modo de
lamerse las heridas, reacomodar sus piezas y proyectar la imagen de que todo
cambiaría, pero que en realidad, lo único que buscarían con tales cambios, es
que nada cambie.-
"Si queremos que todo siga
como está, es necesario que todo cambie", resume claramente y con
precisión la sentencia del escritor italiano Giuseppe Tomasi
di Lampedusa, en su novela “El Gatopardo”, en la primera mitad del siglo pasado.-
Jorge Rubén Vasconsellos