¡Maldita injusticia!

 

Hace aproximadamente treinta años, recuerdo, en la secretaría de un Juzgado de la Capital, hacía pública mi crítica al sistema de Justicia. Manifestaba desazón y contrariedad ante una Sentencia que consagraba un absurdo.-

 

Hacía poco tiempo que abandonaba las aulas universitarias en las que grandes maestros ´habían brindado sus mejores esfuerzos para sembrar en nosotros – sus alumnos – las enseñanzas del gran uruguayo Eduardo J. Couture: “Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia”.-

 

El Dr. Federico Callizo Nicora, que también se encontraba, junto con otros colegas, revisando sus expedientes, me explicó que en una República existían remedios para corregir los excesos y defectos que podían registrarse en sus Instituciones. Todos esos remedios debían ser administrados, en última instancia por el Poder Judicial Pero, cuando el Poder Judicial carecía de las más mínimas virtudes morales e intelectuales, la República no tenía ninguna posibilidad de funcionar adecuadamente.-

 

No mucho tiempo después, esa vieja Republica caía derrotada por la fuerza de las armas, y en la madrugada del 3 de febrero de 1989 comenzó un proceso de reordenamiento institucional, acompañado de un creciente respeto a las libertades públicas y a los derechos ciudadanos. Pero la Administración de Justicia siguió siendo la misma.-

 

Pareciera que el estruendo de las descargas de fusiles y morteros que forzaron la renuncia del régimen político anterior, no llegaron – hasta ahora – a los despachos y pasillos de la casa de Astrea (Diosa de la Justicia en la mitología griega).-

 

Allí, en “nuestro” Poder Judicial, se inició la desigual disputa entre la Justicia y el gatopardismo, que se desarrolla todos los días, sin descanso, y aún no ha concluido.-

 

"Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie", resume claramente y con precisión la sentencia del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en su novela “El Gatopardo”, en la primera mitad del siglo pasado.-

 

En nuestro país, los fieles seguidores de Lampedusa se reprodujeron exponencialmente, y tomaron a su cargo la tarea de “cambiar” el sistema de Justicia, para que nada cambie.-

 

Cambiaron la Constitución, cambiaron a Ministros de Corte, cambiaron a Jueces y Fiscales, cambiaron leyes y procedimientos, pero no cambiaron en lo esencial, no cambiaron la mentalidad, el sistema, el modo de “administrar justicia”.-

 

Los mismos vicios, las mismas inconductas, las mismas debilidades, siguen intactas. La incapacidad, la inmoralidad, la corrupción, siguen igual, y en algunos casos, hasta inclusive, robustecidas.-

 

El Diputado Carlos Portillo saltó a la fama desde hace poco tiempo, y desde su condición de personaje anónimo, oscuro ocupante de una banca parlamentaria, pasó a ser una celebridad. Carece de mínimas condiciones intelectuales, enfrenta graves problemas con el uso adecuado del español, y a pesar de ello, pretende hacer gala de conocer otros idiomas.-

 

Pero, Portillo no hace daño a nadie en particular, apenas – como muchos otros – aprovecha el cargo para medrar a costa de los recursos del Estado (de nuestros impuestos). Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los Jueces y Fiscales, sin embargo, además de medrar con nuestros impuestos, hacen daño a la sociedad en general y a los litigantes en particular.-

 

Así como Portillo, Ministros de Corte, Jueces y Fiscales, llenan la Administración de Justicia y otras Instituciones del Estado, de parientes y amigos (por no decir, cómplices y encubridores), y adicionalmente, dictan sentencias a la medida de su propia conveniencia, o en favor de sus incondicionales, con raras excepciones.-

 

Las sentencias que han permitido el acceso público a la información, que impuso la obligación de publicar nómina y salarios de funcionarios, empleados y contratados del Estado, no es el fruto del esfuerzo democrático y republicanizador del Poder Judicial, sino, por el contrario, es el precio que han tenido que tributar a la sociedad para aplacar el descontento generalizado hacia la labor que desempeñan.-

 

La encuesta realizada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop) y publicada en julio pasado, daba cuenta que nada más que el 35,9% de la población paraguaya confía en la Administración de Justicia. En otros términos, 7 de cada 10 paraguayos perciben a al Poder Judicial, como una Institución cuya labor no merece ningún crédito o confianza.-

 

Esta realidad, lastima, no solo a quienes hoy ven frustradas sus aspiraciones de Justicia, sino se extiende y proyecta a los jóvenes, y en especial a quienes transitan por las aulas de las distintas Facultades de Derecho que funcionan en el país.-

 

Ellos corren el riesgo de que se haga carne en sus corazones, aquello que decía Ruv Barbosa de Oliveira: "De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto".-

 

Mientras este sistema siga disponiendo discrecional y arbitrariamente de nuestras libertades, de nuestros patrimonios, de nuestro honor y reputación, no nos queda otra solución que seguir gritando con voz en cuello “Maldita injusticia”.-

 

Jorge Rubén Vasconsellos