Menos Ministros y más Magistrados

La vacancia producida por la renuncia de Víctor Manuel Núñez Rodríguez, acosado por la (entonces aparente) posibilidad inminente de un Juicio Político por mal desempeño de funciones, ha dado inicio al procedimiento diseñado para la designación de su reemplazante.-

El trámite diseñado, con el proclamado propósito de hacer de la selección un método “transparente” y eficiente, para que el mejor de los postulantes sea elegido – finalmente – no brinda la seguridad que dice perseguir.-

La Constitución Nacional, promulgada tres años después del derrocamiento de Alfredo Stroessner, tuvo en vista la necesidad de desmontar un sistema centralizado de Poder ejercido desde el Ejecutivo, lo cual incluía (naturalmente) aspectos relacionados con la integración y funcionamiento del Poder Judicial.-

Sin embargo, los dirigentes políticos y las autoridades nacionales, nunca comprendieron que lo que, en un principio, resultaba correcto y adecuado, necesitaba modificarse después de un tiempo, para permitir la consolidación del régimen institucional de la República.-

Por el contrario, se insistió con el mismo diseño y hasta se procuró profundizarlo, persistiendo en el error de considerar que los únicos atributos que debieran ostentar los integrantes del Poder Judicial, eran aquellos de carácter académico.-

Desde luego, la misma Constitución exige que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia tengan el grado académico de Doctores en Derecho. Pero, hace poco más de veinte años atrás, esta condición era atributo de muy pocos, lo que alguna medida garantizaba la solvencia de sus poseedores.-

Con el correr de los años, de la mano de un sistema de enseñanza superior que ha ido relajando sus exigencias, y un Parlamento que permitió la aparición y multiplicación de “Universidades de garaje”, la distinción que representaba el grado académico de Doctor en Derecho, se fue diluyendo.-

El mismo Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección de candidatos a sentar plaza en la Corte Suprema, reconoce esta realidad, cuando su reglamento confiere mayor puntaje a los títulos otorgados por las dos universidades tradicionales. Una discriminación inadmisible en nuestro sistema legal, que sin embargo, se funda en el conocimiento profundo de la situación actual.-

Como diría el hoy Senador Adolfo Ferreiro, los Constituyentes pretendieron prestigiar el cargo, exigiendo el título de Doctor, y el sistema se encargó de desprestigiar el titulo.-

Pero, la cuestión no se limita a este aspecto, es mucho más amplia y compleja. La auto-postulación al cargo, la exigencia de someter a los candidatos a una exposición pública innecesaria, so pretexto de transparencia, el sometimiento a “audiencias públicas”, a exámenes de conocimientos, y fundamentalmente la necesidad de gestionar y obtener “apoyo político”, son condiciones indignantes, que representan – con seguridad – riesgos ciertos y concretos que debilitan la posibilidad de que elegir a los mejores.-

El sistema actual demostró acabadamente que no cumple con el propósito para el que fuera diseñado. Ha fracasado incuestionable y estrepitosamente, por lo que necesita una urgente revisión.-

Una evaluación de los resultados obtenidos, confirma esta afirmación. Desde la primera integración de la Corte, hace quince años atrás, la calidad del servicio de justicia, antes que mejorar, se ha ido deteriorando a pasos agigantados.-

La injerencia de los factores de poder, político y económico en el Poder Judicial, a la par de la formación de roscas corruptas, cuasi mafiosas, que extienden ayuda y protección a amigos, correligionarios, compañeros de logia o de comunión, se ha desarrollado y fortalecido a la sombra de una Corte Suprema que ha mantenido un silencio cómplice, una actitud complaciente, y hasta en algunos casos, una participación evidente.-

Si pretendemos moralizar el sistema judicial y brindar a la sociedad seguridad jurídica, que haga realidad aquello de que “...Iustitia est constanns ae perpétua voluntas jus suun cuique tribuiere…” (es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, lo que se le debe), que algunos atribuyen a Ulpiano y otros a Justiniano, debe procurarse la designación de Magistrados y no de Ministros.-

Según enseña el ilustre uruguayo Eduardo J. Couture, etimológicamente Magistrados deriva de magistratus, y este magister, que significa “…maestro, dueño, propiamente “el mayor”, por oposición a minister, ministri, propiamente “el menor”, y sigue diciendo que: “… Magistratus significaba al principio y textualmente “calidad de maestro o dueño”, después “cargo o función pública”…”.-

Es cierto que el sistema constitucional y legal no nos permite albergar la esperanza de una Corte Suprema integrada por Magistrados o Maestros del Derecho, pero no es menos cierto, también que, como sociedad, no podemos resignarnos a ello.-

Para que el sistema de Justicia mejore, no se necesita modificar leyes procesales, no se necesita de la publicidad de trámites o procedimiento de designación de Jueces, se requiere de una reforma profunda y seria del sistema, y fundamentalmente, que se privilegie las condiciones morales y éticas de los candidatos, lo que nos permitirá contar – alguna vez – con una Corte Suprema integrada con menos Ministros y más Magistrados.-

Jorge Rubén Vasconsellos