Los Ministros de la Corte Suprema sortearon el Juicio Político
Con la abierta colaboración de
quienes en su oportunidad fueron denunciantes, hace algunos días, mediante
maniobra de bajo perfil y pasando casi desapercibido, los Ministros de la Corte
Suprema de Justicia obtuvieron de la Cámara de Diputados el rechazo de los
pedidos de someterlos a Juicio Político.-
En clara demostración de que los
tiempos se han acelerado para que los contratantes cumplan satisfactoriamente
sus compromisos políticos, luego de la anulación de la condena impuesta a
Oviedo, fue retirada la Espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de alguno
de los integrantes del más alto Tribunal de la República, que precisamente en
su desempeño anterior al vergonzante fallo, habían mantenido de modo constante
y uniforme el rechazo a cualquier pretensión revisionista de la defensa de
aquel.-
Otro capítulo del acuerdo
político se cerraba, provocando un mayor deterioro del sistema republicano que
la Constitución Nacional ha procurado instalar desde su promulgación. No por lo
sólido o endeble de los argumentos
jurídicos y políticos que se invocaban en las denuncias presentadas contra los
Ministros de la Corte, sino porque la decisión adoptada para su rechazo esta
marcada por la contraprestación debida por un sector, a cambio de una decisión
dictada en el sentido y en el momento impuestos por la agenda política
extra-judicial.-
Liberarlo a Oviedo de su
condena, no era suficiente, ello no podía ocurrir en cualquier momento para que
surta los efectos políticos propuestos. Si se registraba después de la fecha
límite establecida por el calendario electoral, no surtiría los efectos de
fragmentar aún más a la oposición, y con ello abonar la posibilidad de que el
candidato oficial en las próximas elecciones tenga chances de éxito.-
Por ello, con precisión similar
a la de un reloj suizo, la Corte Suprema emitió su decisión pocas horas antes
del limite temporal establecidos, para obsequiar a la ciudadanía la candidatura
presidencial del hasta ese entonces reo condenado por insubordinación.-
Como nunca, los Ministros de la
Corte omitieron los plazos establecidos en el Código Procesal Penal para apurar
el resultado, y cumplieron el guión que los políticos le habían impuesto.-
Y con ello rompieron el
principio universal de igualdad, equilibrio, independencia e interdependencia
de los Poderes del Estado, que consagra la letra del Art. 3 de la Constitución
Nacional y lo ratifica el Art. 248 que garantiza su independencia.-
Este y todos los demás actos que
jalonan la historia reciente de la actuaciones del Poder Judicial Paraguayo,
recibieron el fuerte respaldo del Poder Ejecutivo y los principales exponentes
del sector oficial y oficialista del Gobierno, al punto que el Presidente de la
República llegó a afirmar, respecto al caso más emblemático que toco atender a
los Ministros, que la investigación del homicidio del Profesor Luis María Argaña
y el castigo de sus responsables no había tenido éxito debido a la escasa
preparación académica de los Abogados contratados por su familia, para
intervenir en la referida causa judicial.-
Lo que no dijo el Presidente de
la República es que el delito de homicidio, sea del Prof. Argaña o de
cualquiera otro ciudadano es delito de acción pública, y como tal, corresponde
al Ministerio Público su investigación y persecución. Por lo menos así lo
señala la Constitución Nacional.-
La omisión del Mandatario tenía
un claro propósito de desacreditar lo hasta entonces actuado y poner en
entredicho el esfuerzo de los familiares de la víctima, aprovechando tal vez,
que en medio del feroz golpe asestado, nadie atinaría a señalarle que la
Justicia estaba encarnada desde hace más de tres años, por Magistrados que
fueron designados mediante procedimiento del que el mismo ha participado. Más
aún, que el Ministerio Público es ejercido por su proclamado amigo.-
Cualquier estudiante de Derecho
sabe, sin necesidad de esfuerzo intelectual, que la familia de la víctima no es
titular a de la acción penal, lo es el Ministerio Público, y aquella puede
inclusive no participar del procedimiento, sin que ello represente una
obstáculo alguno para el conocimiento de la verdad y la imposición de
castigos.-
Del mismo modo, cualquier
ciudadano sabe, que Luis María Argaña no era cualquier persona al momento de su
homicidio, era el Vicepresidente de la República del Paraguay, y lo menos que
en ese caso podríamos esperar era que el Estado asuma con responsabilidad y
seriedad la investigación y el castigo de los autores de la muerte de uno de
sus más encumbrados funcionarios.-
Señor Presidente: No fracasó el querellante
particular. Naufragó el Ministerio Público, en uno de los casos más importantes
que registra la reciente historia, y lo hizo bajo su Gobierno, de la forma más
catastrófica y vergonzosa posible.-
Ni los jóvenes muertos y heridos
del Marzo Paraguayo, ni el Profesor Luis María Argaña podrán tener paz en su
tumba, si desde el más allá vieran la forma alevosa en que se pervirtieron las
instituciones en la tramitación de las causas judiciales que pretendían
encontrar a los responsables de los hechos e imponerles castigo.-
Lo señalado por el Presidente de
la República para respaldar las decisiones políticas que se materializaron
mediante resoluciones judiciales mencionadas, solo es aplicable a querellas de
vecinos o disputas de menor monta, pero jamás a los casos que involucran la
muerte de personas y mucho menos si ellas son el Vicepresidente de la República
y un número importante de jóvenes que entregaron su vida y su integridad física
por defender al Congreso de la Nación, como elemento indispensable del sistema
de vida republicano, haciendo uso del legítimo derecho a manifestarse en las
plazas adyacentes a esa Institución, cuando ella se encontraba desarrollando
una de sus más delicadas funciones, juzgando la responsabilidad política del
entonces Presidente de la República.-
Los familiares de las victimas,
en cualquier país del mundo que proteja la vida y la integridad de sus
habitantes no necesitan de abogados particulares ni querellantes de lustre para
defender el derecho a la vida, para eso basta el Estado. En el nuestro,
lamentablemente, no bastan los abogados, hacen falta los acuerdos y las
conveniencias de sus Gobernantes, y si no se cuenta con ellos, dicho está, no
habrá Justicia.-
Los acuerdos y conveniencias
políticas del momento, antes de buscar la protección a las víctimas, las
abandonó a su suerte, y en medio de todo ello los Ministros de la Corte Suprema
de Justicia sortearon el Juicio Político. Pero de lo que seguro estoy no se
salvarán, es del juicio de la historia.-
jorge ruben vasconsellos
abogado