Lambaré en su laberinto

Resulta evidente que veinte y seis años de vida democrática no son suficientes para lograr que una sociedad evolucione hacia mejores formas de convivencia, ni veinte y tres años de régimen constitucional, durante el cual se han ido transformando las instituciones jurídicas y políticas, no fueron bastante para superar los inconvenientes de educación y cultura insuficientes.-

Este fenómeno se refleja en lo que hemos denominado “la clase política”, que no es otra cosa que la representación genuina de la sociedad.-

Si nuestros gobernantes malversan caudales públicos, estafan a particulares, utilizan sus despachos oficiales como sitios de encuentros sexuales o simplemente se dedican a “recaudar”, es porque – directa o indirectamente – nosotros les hemos extendido autorización para hacerlo. Nosotros los hemos votado.-

Es triste escuchar que como reacción de desaprobación a las gestiones de algún alto funcionario del Estado (electo o nombrado directamente), muchos compatriotas dicen: “no me representa”. Esta expresión tiene – además – el propósito de dejar marcada la diferencia, de desmarcarse de las inconductas atribuidas a aquellos.-

Resulta triste porque, independientemente del valor moral de la crítica, desnudamos nuestras propias debilidades, fruto de una deficiente cultura cívica, y un razonamiento incompleto.-

En el sistema político paraguayo no hay ningún funcionario del Estado que pueda acceder a un cargo público por herencia, títulos de nobleza o sorteo. Todos, absolutamente todos son designados por elección popular, o por el nombramiento efectuado por aquellos a quienes elegimos.-

Evidentemente, veinte y seis años de democracia no han sido suficientes para que comprendamos a cabalidad que el valor e importancia de nuestros votos trasciende los límites temporales de la fiesta electoral, y se prolonga en el tiempo, durante los cinco años que duran los mandatos.-

Nuestro voto habilita y legitima a aquellos que por espacio de un lustro administrarán nuestros impuestos, y conducirán los destinos de nuestro país, nuestros departamentos o nuestros municipios.-

Sería bueno aprender y entender, de una buena vez por todas, que cuando otorgamos nuestro voto a un candidato, estamos asumiendo un importante compromiso con la sociedad, y de la misma manera en que nos hacemos responsables de sus logros, debemos hacernos responsables de sus fracasos, inconductas e ilicitudes. Esta será el único camino que nos permitirá emitir un voto responsable y comprometido con la sociedad.-

Cuando faltan poco menos de tres semanas para que se desarrollen las elecciones de Intendentes y Juntas Municipales en toda la República, se suceden las publicaciones periodísticas sobre el derrumbe (total o parcial) de aulas construidas por administraciones municipales, desvíos de fondos, falta de rendición de cuentas de recursos económicos transferidos por el Gobierno Central, y todo tipo de irregularidades, que salpican tanto a quienes buscan su reelección, como a aquellos que no pueden hacerlo, pero patrocinan candidaturas de sus amigos, aliados o correligionarios.-

El caso de la ciudad de Lambaré, quizás, sea el más desolador de todos, si consideramos que uno de los candidatos es el ex Intendente procesado por la presunta comisión de delitos perpetrados con motivo de la construcción de aulas cuyos techos se desplomaron sobre los alumnos, y otro, también procesado, por su presunta vinculación con hechos punibles de carácter patrimonial perpetrados en perjuicio de una empresaria.-

Frente a esta situación, muchos han reclamado la cárcel para los sospechosos y comenzaron a especular sobre el reemplazo de las candidaturas.-

Pero, esta es una solución simplista, que pretende endosar al sistema judicial la solución de un problema de carácter político, cívico y electoral. Por sobre todas las cosas, es abiertamente inconstitucional y en consecuencia inviable.-

La Constitución Nacional reconoce a todos el derecho a elegir y ser elegidos, sin más exigencia que el cumplimiento de los requisitos formales que establece en cada caso. El resto corre por nuestra cuenta, ya que, si fuera suficiente para inhabilitar una candidatura, convertiríamos al sistema judicial en árbitro de la política, pues bastaría que – con o sin razones – cualquier Fiscal impute y decrete la detención de un candidato, para dejarlo fuera de la competencia electoral.-

Nuestro sistema constitucional y legal no admite esta posibilidad, y por ello suspende el ejercicio de la ciudadanía, y con ello todos los derechos electorales, solo a quien “…se hallara cumpliendo condena judicial, con pena privativa de libertad…” (Art. 153.3 C.N.).-

Mientras tanto, desde un sector político distinto, un candidato a Concejal Municipal de la misma ciudad, plantea “anular los votos”, y procurar alcanzar el 20% de votos nulos, para lograr la nulidad de las elecciones y obtener una “reconvocatoria”.-

Este planteamiento desnuda la falta de formación y conocimiento del sistema electoral paraguayo, que padece el proponente, pues la nulidad de una elección no se funda en la emisión de votos nulos, sino en la nulidad de las mesas electorales por fraude generalizado. En otros términos, lo que propone no es el sabotaje de las elecciones, sino el desperdicio del voto.-

Definitivamente con candidatos así, resultará muy difícil que, luego de las elecciones, Lambaré salga de su laberinto.-

Jorge Rubén Vasconsellos