El caso de Jorge Enrique Patiño
Palacios y el Estado Paraguayo
Hace poco más de diez y ocho
años, se registraba en Asunción el fallecimiento de un ciudadano Paraguayo,
Jorge Enrique Patiño Palacios, como consecuencia del disparo de un arma de
fuego.-
A raíz del suceso, tanto la
Policía Nacional, como el Poder Judicial, iniciaron los trámites con el alegado
propósito de investigar el hecho, someter a quien resulte responsable a proceso
penal, y aplicar los castigos que pudieran
corresponder.-
Las investigaciones de la
Policía, estuvo plagada de llamativas irregularidades, y el proceso judicial,
posterior no estuvo exento de ellas. Los principales sospechosos eran, personas
de influyente posición política y social, y los resultados, tanto de las
investigaciones, como del juicio, no aportaron conclusiones válidas.-
En Primera Instancia, se invocó
la duda en la autoría del hecho, para absolver al procesado, y en Segunda, la
sentencia llegó al extremo de alegar dudas respecto a los hechos mismos.-
Es decir, primero, el Juez de la
causa sostuvo que efectivamente Jorge Patiño había sido asesinado, pero, que no
se pudo determinar al responsable del hecho.-
Posteriormente, el Tribunal de
Apelaciones puso en dudas que el hecho se hubiere tratado de un asesinato.-
Frente a estas decisiones, no
puedo señalar cual es la de mayor gravedad: Si aquella que reconoció la
existencia del delito, pero admitía que una vez más se consagraría en el
Paraguay la impunidad, o ésta última, que pretendía agraviar la memoria de la víctima,
insinuando que el hecho se trató de un inmotivado suicidio, a pesar de que esta
tesis se había pretendido introducir en Primera Instancia, y fue desechada como
consecuencia de numerosas pruebas que contradecían y descartaban la infamia.-
Cuando, posteriormente, la
familia de la víctima recurrió a “la más alta Instancia Judicial de la
República”, la Corte Suprema de Justicia, esta le dio las espaldas y con
argumentos de “clisé”, invocando cuestiones formales, cerraron las puertas al
esclarecimiento del hecho y el castigo de sus responsables.-
El caso fue sometido a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego de un largo trajinar,
obligados por la necedad y de los representantes y funcionarios paraguayos, quienes
defendieron y justificaron tenazmente las irregularidades (y arbitrariedades)
que se cometieron desde el inicio de la investigación policial, y el principio
de la actuación judicial.-
El temor de quienes cumplieron
tan deleznable labor, era que los órganos supranacionales de protección de
Derechos Humanos impusieran al Paraguay condenas económicas. No preocupaba, en
absoluto la declaración de responsabilidad internacional del Estado. Total, el
Estado no tiene rostro, y ellos lo tienen de piedra.-
Casi dos décadas después del
horrendo crimen, y merced a que los padres de la víctima dejaron en claro que
no deseaban un solo centavo de indemnización, los funcionarios del Estado
firmaron y sellaron un Acuerdo de Reconocimiento de Responsabilidad
Internacional.-
El Estado Paraguayo reconoció su
Responsabilidad Internacional por la violación de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.-
El texto del documento suscripto
por las autoridades nacionales, dice:
El
Estado paraguayo reconoce su responsabilidad internacional en el caso 12.374,
"Jorge Enrique Patino. Palacios", que se refiere a la muerte del
joven Jorge Enrique Patino Palacios, el 24 de octubre de 1994- por la violación
al debido proceso y a las términos expresamente previstos en el Código de
Procedimiento Penal de la República del Paraguay, y la renuencia a juzgar que
se advierte en las sucesivas excusaciones no expresamente previstas en la ley
procesal, registradas en todas las Instancias de la Administración de Justicia,
afectando el establecimiento de las correspondientes responsabilidades por los
hechos acreditados en el expediente judicial correspondiente y violando el
cumplimiento de instrumentos normativos internacionales a cuyo respeto se
comprometió el Estado Paraguayo.
Pero, hasta ahora, solo el
Estado ha asumido responsabilidades, muchos de los funcionarios del Estado que
con sus actos e inconductas contribuyeron a provocar y consagrar los hechos que
se tradujeron en la violación de las garantías del Debido Proceso y la Tutela
Judicial efectiva, siguen en sus cargos. Algunos en el más alto Tribunal de la
República.-
Falta aún que estos funcionarios
del Estado, asuman su cuota de responsabilidad. Que acopien algo de vergüenza,
si les queda aún, y reconozcan que ellos han tenido participación importante en
las irregularidades judiciales registradas.-
El Estado, no obra por sí, sino
a través de sus representantes, y resulta insustentable pretender que detrás de
ese Estado violador de Derechos Humanos, no hay funcionarios que hicieron
posible tal situación.-
Los padres de Jorge Enrique
Palacios Patiño han demostrado una fortaleza moral y una voluntad increíbles
durante diez y ocho años y lograron limpiar la memoria de su hijo, pero la
suciedad quedó, como condecoración en los pechos de muchos funcionarios y
Magistrados.-
Ellos podrán decir, ahora,
frente a la tumba de su hijo: “Paz en tu tumba”, pero nosotros, la sociedad
toda, debemos tomarnos el trabajo de reclamar que la Responsabilidad por los
hechos ocurridos no queden en el reconocimiento del Estado. Que se trasmita a
los verdaderos responsables, como una suerte de póliza, para que – en el futuro
– otras familias paraguayas, no se vean obligadas a pasar por el mismo
sufrimiento.-
jorge ruben vasconsellos
abogado