Desde la Corte, hasta el portero

Resulta lógico suponer que la cultura del “así nomás” que fundamenta y justifica el modo desprolijo o mediocre que constituye la constante en el manejo de la cosa pública, se mantendrá inalterable.-

El debate, tratamiento y desenlace de la “decisión política” de remover a algunas figuras desgastadas de la Corte Suprema de Justicia, no constituirá la excepción, como tampoco existen motivos para suponer que la designación de las “nuevas figuras” que habrán de reemplazarlos vaya a merecer distinta suerte.-

Por el contrario, todo indica que la sociedad asistirá – una vez más – al desarrollo de los actos que representan el cumplimiento de meras formalidades, que en definitiva son, nada más que excusas destinadas a justificar o “legitimar” las resoluciones “políticas” adoptadas con anterioridad.-

La decisión de someter a Juicio Político a cuatro Ministros de la Corte Suprema de Justicia, y a uno de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ha sido anunciada por los dos partidos políticos hegemónicos, pero ninguno de ellos ha expuesto ante la sociedad sus fundamentos, y menos aún el proyecto político que respalda lo resuelto.-

Solo para poner las cosas en claro, debo advertir, que existen méritos jurídicos suficientes para enjuiciar y remover, cuando menos, a la mayor parte de los magistrados, fiscales y funcionarios del sistema judicial, que se caracteriza por la baja calidad del servicio que presta a la sociedad y altos niveles de corrupción, pero, por ello mismo, la cuestión que se vincula a la “elección” de quienes habrán de ser removidos adquiere relevante importancia.-

Del mismo modo en que queremos saber cuáles son las decisiones judiciales, administrativas y/o políticas que “condenan” a cuatro Ministros (de Corte) y un miembro de la Justicia Electoral, tenemos derecho a conocer las razones que justifican la permanencia de los demás.-

En los órganos colegiados, la diferencia se marca en las disidencias, que constituyen la expresión del desacuerdo con las decisiones adoptadas por las mayorías, y, si la razón que justifica el cambio de alguno de sus integrantes se funda en resoluciones judiciales o administrativas desacertadas, aquellas disidencias, constituirán el fundamento de la permanencia de los demás.-

Pero, si por el contrario, los motivos están vinculados, exclusivamente, a alguna gestión de naturaleza administrativa o política, de carácter individual de quienes perdieron el apoyo político de sus respectivos partidos, caben otras preguntas.-

¿Cuáles son esas gestiones y cuál es el grado de ilicitud o inmoralidad de ellas?, y del mismo modo: ¿Qué clase de órgano colegiado es la Corte Suprema de Justicia, si las gestiones administrativas o políticas de uno o alguno de sus miembros no puede ser conocida y denunciada por los demás?. Porque, si quienes permanecerán en la Corte no conocían tales gestiones, serán negligentes, de lo contrario, cómplices o encubridores.-

Pero, las respuestas a estas preguntas que podrían explicar las razones de las decisiones políticas adoptadas, tanto de remover a unos, como de mantener a otros – es seguro – que nunca las recibamos. La razón es sencilla, lo único que se pretende es cambiar “viejas figuras” por nuevas.-

Luce evidente que no se tiene en vista el cambio del sistema judicial. No se procura la mejora de la administración de justicia. Se trata nada más que una reacción, en respuesta a tapas de periódicos y el creciente malestar social que producen resoluciones judiciales de alto impacto en la opinión pública.-

La primera oportunidad en que se designaron integrantes de la Corte bajo la vigencia de la actual Constitución Nacional, en el año 1995, constituye un punto de referencia histórico importante por la calidad profesional y moral de los (entonces) nombrados, pues ello no se ha repetido, a pesar de los reiterados cambios que, desde entonces se han producido.-

El sistema judicial, desde entonces, se viene deslizando por una peligrosa pendiente, sin que existan intentos reales de cambios que apunten a su recuperación, para llevarla nuevamente a niveles aceptables, que permitan brindar seguridad jurídica a la sociedad.-

El fracaso de los cambios registrados, hasta hoy, no es de responsabilidad exclusiva de los nombrados, ni siquiera (solamente) de quienes los han nombrado, es de todo el sistema, desde el procedimiento de selección, a cargo del Consejo de la Magistratura, hasta los de control de gestión y remoción, a cargo, tanto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como del Parlamento Nacional.-

La razón es sencilla, desde esos lugares se designan a elementos funcionales a sus propios intereses, particulares y partidarios, a sus “estudios jurídicos paralelos” y a sus oficinas de “gestión política”.-

No somos optimistas, ni pesimistas, apenas realistas. Estamos seguros que las sustituciones no colaborarán en nada con la mejora radical o sustancial de la administración de justicia, porque solo se trata de eso, una mera sustitución de figuras que no representa – ni por asomo – el cambio que se requiere, pues para ello debe someterse a examen y evaluación – con rigor y seriedad – a todo el sistema, desde la Corte, hasta el portero.-

Jorge Ruben Vasconsellos