Compra de
exámenes, venta de sentencias
En los últimos
tiempos, la prensa se ha encargado de difundir profusas informaciones respecto
a hechos de corrupción que afectan distintos sectores y niveles de nuestra
sociedad.-
Esta sana
conducta de denuncia, que acompaña la información, ha tenido como
protagonistas, en la mayoría de los casos, a distintos actores políticos y
administradores de bienes y recursos públicos, lo cual nos podría hacer
concluir que la corrupción se encontraba reducida a determinados círculos
vinculados al poder.-
Nos induciría a
creer que los valores éticos, morales y jurídicos se refugiaban en el resto de
la sociedad, o que las conductas ilícitas e inmorales eran adquiridas y
practicadas como condición para el acceso a posiciones de privilegio, ante el
asombro y la condena social.-
Los procesos
judiciales formados con motivo de hechos protagonizados por nuestros políticos
y autoridades de gobierno, resultaban en la imposición de condenas que, por su
tibieza, nos hacían presumir, eran consecuencia de un Poder Judicial sumiso y
complaciente con el poder.-
Sin embargo, la
revelación de hechos de corrupción en Instituciones de enseñanza superior, evidencian una mayor complejidad del problema,
y un espectro más amplio de afectación.-
La compra de
notas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, mediante la cual,
alumnos que ni siquiera se habían presentado a rendir exámenes, lograban la
aprobación de materias, y la promoción a niveles superiores de educación, fue
inmediatamente opacada por la compra de títulos de nivel universitario
otorgados por el Instituto Santa Librada, que extendía certificados de la
formación de Licenciados en Enfermería, a quienes ni siquiera habían pasado
accidentalmente por sus aulas, conforme lo documentó acabadamente un programa
televisivo de investigación periodística.-
Las reiteradas
denuncias de prácticas irregulares que incluyen a otras Instituciones de
Enseñanza Superior, del sector público y privado, como las que cada tanto
surgen desde la Universidad Nacional de Pilar, que adquirió fama por las
facilidades otorgadas para la concesión del título de posgrado de Doctor en
Derecho, en llamativas condiciones y cantidades.-
Pero, estos no
han sido, ni son´, casos únicos o aislados. Irregularidades y corrupción han
sido denunciados en unidades académicas del Guairá, Alto Paraná, Amambay, entre
otras, lo cual nos confirma la amplitud, gravedad y profundidad del problema
que nos aqueja.-
Se ha dicho en
estos últimos días, que quien utiliza un título de Licenciado en Enfermería,
obtenido por compra, en menos de cuarenta y ocho horas, pone en riesgo la vida
y la salud de sus “pacientes” y se desató una polémica respecto a quien debía
asumir responsabilidad en el control de calidad de los egresados. Si ella
correspondía al Ministerio de Salud, al de Educación, a la Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) o al Consejo Nacional de
Educación Superior (CONES).-
A la par, se ha
puesto en tela de juicio la actuación de la Agente Fiscal que tiene a su cargo
la investigación del hecho, quien se ha limitado a imputar a los responsables
de la Institución que comerciaba con títulos universitarios, por hechos punibles
contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos), omitiendo
u olvidando, que dichos títulos no fueron adquiridos para ser encuadrados y
formar parte de la decoración de alguna vivienda, sino constituyen instrumentos
habilitantes para el ejercicio de una profesión, por la cual se recibe paga o
retribución.-
La Agente Fiscal
no ha entendido que quien ha accedido a un título universitario en condiciones
irregulares, han actuado con ánimo de lucro, y que la Institución Universitaria
involucrada, es partícipe necesario e indispensable de la comisión del delito
de estafa, sea en grado de tentativa o de hecho consumado.-
Ha olvidado
igualmente, que la denuncia respaldada por el material grabado con motivo de la
investigación periodística, desnuda la existencia de una Asociación Criminal, y
que tanto éste hecho punible, como el anterior, merecen ser investigados,
juzgados y sancionados.-
La ligereza de
nuestra Justicia en la persecución de este tipo de hechos, sin embargo, no es casual
o accidental, es el resultado de una serie de factores que han intervenido, en
la construcción de una sociedad tolerante con la corrupción, que ha asistido
como espectadora indefensa del éxito de todo tipo de prácticas indecorosas e
inmorales, desde distintos sectores y niveles.-
La promoción o
ascenso a cargos públicos y privados mediante concursos de “méritos y
aptitudes”, que se limitan examinar la acumulación de “títulos” para acceder a posiciones
de privilegio, ha alimentado un sistema mediante el cual, la capacidad, la
idoneidad y la formación moral, intelectual y académica, carecen de
relevancia.-
El panorama es
harto preocupante, cuando los jóvenes visualizan la posibilidad de comprar
exámenes, notas o títulos universitarios.-
Estamos
traicionando nuestra obligación de formarlos adecuadamente para enfrentar la
vida con honestidad. Estamos colaborando con la degradación moral de nuestras
Instituciones y fundamentalmente, convertimos al resto de la sociedad en
víctima de nuestras inconductas.-
No sé quién es
peor. Aquel que compra notas, exámenes o títulos universitarios, o quien cierra
los ojos ante esta realidad y designa a egresados de “garaje” como Jueces,
Fiscales o Enfermeros. Pero de lo que sí, estoy seguro, es que aquel que
accedió a un cargo habiendo comprado títulos, no tendrá ningún empacho en
vender sentencias, en el futuro.-
Jorge Rubén Vasconsellos